A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 001 Administrativo de Montería y la Superintendencia de Sociedades, causado por una demanda de reparación directa instaurada por una ciudadana, contra el Departamento de Córdoba, para solicitar que se declare responsable al departamento por los daños causados al no pagar en el tiempo establecido, unas acreencias laborales reconocidas en un acuerdo de reestructuración de pasivos del departamento, lo que considera una “omisión del deber objetivo de cuidado” atribuible a la administración.

Verificado el cumplimiento de los requisitos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena señala que, en este caso, al igual que los analizados en Autos 1519/25 y 1607/25, el litigio consiste en determinar si se causaron daños de carácter moral y material por la dilación en el cumplimiento del acuerdo de reestructuración, atribuible a la administración departamental y la consecuente reparación de los perjuicios causados, pero no se debate la validez del acto.

La Sala considera viable aplicar la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, enunciada en el artículo 104.1 del CPACA, en virtud de la cual esa Jurisdicción conoce de los procesos relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable y reiterar la regla de decisión del Auto 3121/23, que señala la competencia de dicha jurisdicción para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u [omisiones] de una entidad pública, conforme los artículos 104.1 y 140 del CPACA.